Las pensiones de Incapacidad Permanente

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Muchas personas, por motivos de salud, se ven en la necesidad de abandonar el mercado laboral o a cambiar de profesión u oficio. Esta situación generalmente compleja, genera muchas incertidumbres respecto a la desvinculación de la empresa para la que se venía trabajando o las condiciones que se darán tras pasar a ser pensionista de invalidez.

Todo este proceso requiere de asesoramiento profesional, en todas sus fases para que se desarrolle con las máximas garantías para el interesado, siendo el abogado laboralista o el Graduado Social colegiado los profesionales más idóneos para ello:

Previamente a la solicitud de Incapacidad Permanente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social: mediante la orientación respecto a los informes y pruebas que serán necesarias cuando llegue el momento de pasar por el “Tribunal Médico” (léase Equipo de Valoración de Incapacidades – EVI). Así como la impugnación de las altas médicas de incapacidad temporal cuando sea necesario. También es necesario comprobar la vida laboral y las bases de cotización, para verificar que todos los períodos están correctamente incorporados y que los importes de las bases de cotización son correctos, así como la inexistencia de lagunas o “meses en blanco” en las mismas.

El profesional también, puede cumplimentar la solicitud, para asegurar que no se omitan datos personales que puedan retrasar la tramitación, así como detallar las limitaciones que las patologías ocasionan en la capacidad laboral.

Una vez obtenga la resolución de su pensión, el abogado laboralista o Graduado Social, debe comprobar si el grado reconocido es correcto (parcial, total, absoluta o gran invalidez) así como los cálculos realizados por la Administración para determinar la cuantía de la pensión reconocida.

Para el caso de que la resolución sea desfavorable, ya sea porque no le reconoce grado de incapacidad alguno o  porque el grado reconocido sea inferior al que le corresponde, es imprescindible contar con un abogado laboralista especializado en litigación, para activar los mecanismos necesarios que muy probablemente acabará resolviéndose en los Juzgados y Tribunales de lo Social.

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